La
lucha contra la corrupción es uno de los temas más comentados ad portas de las
elecciones del 10 de abril. Es un tema sumamente importante y que afecta
directamente a nuestros derechos fundamentales pues con la corrupción se
pierden recursos que servirían para crear oportunidades. Además, perdemos la
confianza en el Estado y las autoridades. No podemos permitir que la corrupción
se apropie del Estado porque si eso ocurre quedamos a merced del más fuerte.
En
los planes de gobierno para la lucha anticorrupción de los candidatos a la
Presidencia de la República, existen sobre todo iniciativas para endurecer las
penas a los funcionarios públicos que incurrieran en este delito, intentando
que sea éste un factor disuasivo. Sin embargo, es más complicado que eso, pues
existen redes y hasta mafias de corrupción que han logrado pagar protección por
los operadores de justicia y que han tejido redes dentro de las estructuras del
Estado peruano.
¿Realmente hay voluntad
política para acabar con este flagelo?
La
situación de corrupción es tan grave y el descrédito de los políticos de tal
magnitud que hay cierto escepticismo respecto a la voluntad política para la
lucha anticorrupción. Por ejemplo, resulta contradictorio que algunos
candidatos al sillón presidencial prometan tener mano dura contra este delito,
y sin embargo, tengan en su plancha congresal a personas procesadas por esas
malas prácticas. Esta situación no puede dejar al Estado al margen de la lucha
contra la corrupción. Está en juego la legitimidad y efectividad del Estado
peruano.
Lo
necesitamos para promover oportunidades de desarrollo que incluyan más a la
población y para generar propuestas distintas respecto al modelo económico
actual. Si bien es cierto que necesitamos mejores políticas públicas para la
lucha anticorrupción, es necesario que nosotros los ciudadanos cumplamos un rol
fiscalizador para que éstas se cumplan. No podemos resignarnos a un rol pasivo
y pensar que la corrupción es una fatalidad del destino, debemos organizarnos y
movilizarnos para exigir justicia si es necesario. Los ciudadanos no podemos
dejar a las autoridades a su libre albedrio. Una forma tangible de hacerlo es
participando en los procesos de tomas de decisiones públicas que afectarán
nuestra vida y la de nuestros compatriotas. Debemos saber que no en todos los
espacios se toma en cuenta nuestra participación, pues por eso hemos elegido
representantes que están en el Congreso velando por nuestros intereses. Sabemos
bien que no siempre se legisla bajo la lógica del bien común y por eso resulta
necesario y urgente que nos organicemos y luchemos para que las decisiones a
nivel de políticas públicas nos incluyan a todos y todas. Entonces, contrario a
lo que muchos creen, no sólo hacemos política ocupando un cargo público.
La
principal forma de hacer política es desde nuestra propia ciudadanía. Hoy por
hoy, es posible hacerle una lucha frontal a la corrupción, pero para eso hace
falta que los ciudadanos muestren su rechazo profundo a ese delito. La sanción
social es el primer paso con miras a estas elecciones del 10 de abril. El
segundo paso es llevar nuestra indignación a la acción, organizándonos para
exigir nuestros derechos desde nuestros barrios, organizaciones sociales, partidos
políticos, juntas vecinales, colectivos, etc. No olvidemos las palabras del
Papa Francisco: “La corrupción es en sí misma también un proceso de muerte:
cuando la vida muere, hay corrupción”. Una práctica coherente y que se
necesita es empezar por no votar este 10 de abril por aquellos que se han visto
implicados en delitos como este, que afectan nuestros derechos.
Publicación
mensual del Instituto Bartolomé de Las Casas y del Centro de Estudios y
Publicaciones.
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