Es un titular periodístico de hace unos pocos días; nada original, por cierto, pues es una de las frases más escuchadas en los meses pasados, en cada problema social serio, al repetirse el mismo esquema: conflicto latente desde tiempo, signos de volcán en erupción, gobierno mirando para otro lado dando largas y largas, estallido del conflicto con toma de carreteras u otras medidas de fuerza parecidas, represión dura (con frecuencia con muertes incluidas), diálogo…La pregunta le sale hasta al más corto: ¿Y por qué no se comenzó por el diálogo? Esa es la cuestión y eso es lo que da origen al titular de esta nota. Lo de Bagua del año pasado fue tan serio (34 muertos y un número nunca aclarado de indígenas desaparecidos) que el simple hecho de repetir la secuencia descalifica a un gobierno que tiene como primera misión salvaguardar la vida de todos los ciudadanos, pues ese es el primero de todos los derechos.
Si algún conflicto tuvo las características de “crónica de una muerte anunciada” ese fue el de Bagua. La gestación fue sumamente larga: la población amazónica pidió de todas las formas que se escuchara su voz -hasta el cansancio- antes y después de tomarse decisiones sobre sus tierras. Lo hicieron en asambleas, lo hicieron sus dirigentes, lo hicieron ONGs trabajando en la región, lo hicieron los nueve obispos de la Amazonía, quienes escribieron un clarísimo pronunciamiento reconociendo los derechos de los pobladores y alertando del peligro que podía venirse… El gobierno siguió adelante con sus planes colgando a todos el sambenito de “perros del hortelano” (infeliz expresión acuñada por el presidente García para descalificar a todos los que no
coincidan con su verdad infalible). Y sucedió lo que nunca debió suceder: estalla el conflicto y con un pésimo manejo y un desprecio total por la vida humana (de otra forma no se explica tamaña torpeza) se llega al desenlace con ese vergonzoso saldo de muertos que enlutó al Perú entero y nos colocó en la lista de países incivilizados… No hace falta recordar lo que sigue grabado en nuestras retinas: el horror de la sangre de 34 peruanos inútilmente derramada.Pero lo peor vino después: ni reconocimiento de la culpa, ni arrepentimiento sincero
ni propósito de la enmienda. (Muchos han recordado la dignidad del ministro del Interior José María de la Jara cuando un 28 de octubre de 1980 renunció al gabinete por una sola muerte injustificada en una protesta en el Cusco y “acá no pasa nada”).
Nuestro redactor Walter Powosino, en el último número de Avansur nos refresca la memoria de conflictos fatales post Bagua: Huancabamba (diciembre 2009): 3 campesinos muertos a tiros. Piura (4 de marzo 2010): enfrentamiento de comerciantes y policías deja 5 muertos a tiros. Chala, Arequipa (4 de abril 2010): conflicto minero deja 6 muertos. ¿Acaso no es confirmar el desprecio por la vida humana? A punto hemos estado de repetir el esquema en el último conflicto de Islay, Arequipa y hay que agradecer a la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, el que viajara de inmediato al lugar de los hechos para crear condiciones de diálogo y evitar lo que todos nos temíamos al escuchar a connotados representantes del Ejecutivo.
No son pocos los analistas políticos que han achacado al actual gobierno una “falta de voluntad de diálogo que se refleja en la negativa de resolver la agenda social pendiente”. En ello han coincidido Javier Torres, de la Asociación Servicios Educativos Rurales, Carlos Soria, del Instituto del Bien Común y Martín Tanaka del Instituto de Estudios Peruanos en un taller de trabajo organizado recientemente (a raíz de los sucesos Chala) por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre los hechos de Bagua.
El primero de los tres declara: lo preocupante es que en todo este proceso de diálogo y negociación efectuado con la organización de los pueblos indígenas el objetivo del gobierno ha sido postergar las decisiones, deslegitimar las dirigencias, acosarlas a través del Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y no ver el tema central de cómo se respetan los derechos de los pueblos indígenas en el marco de una agresiva política de promoción de inversión privada.Harían bien los señores del gobierno (comenzando por el presidente García) en aprobar esa asignatura pendiente dando claras muestras de cambio en el manejo de los conflictos desde el comienzo mismo: comprendiendo los problemas, respetando a las poblaciones, dialogando con ellas y tratando de buscar soluciones sin esperar a que los conflictos les estallen en la cara y luego justificar las muertes como autodefensa…
Una de las personas que más de cerca han vivido los problemas del conflicto amazónico y que, por lo tanto, pueden ayudarnos a entender lo sucedido es el obispo de Jaén, monseñor Santiago García de la Rasilla. Concluido el informe, que no fue firmado por la religiosa representante de la iglesia en la comisión, monseñor hace declaraciones asumiendo el sesgo en contra de los indígenas pero va más al fondo de los problemas. Comenzando desde atrás descalifica la expresión del presidente García al declarar que los habitantes de la Amazonía eran ciudadanos de segunda categoría: Fue un disparate que Alan García les dijera que eran de segunda categoría, por más que luego lo explicaran les dolió muchísimo. Y recoge sentimientos que, se alejan mucho de la imagen de “vengativos y salvajes” que se ha tratado de propalar sobre los indígenas tras el asesinato de los policías de la Estación 6: Un indígena me dijo con gran pesadumbre: “Monseñor, lo que más pena nos da es que nos hemos matado entre hermanos”. Y monseñor es contundente en cuanto a que las muertes de Bagua pudieron evitarse:
-¿Cree que se pudo evitar tanta muerte?
Si la policía hubiera esperado, sí. Ellos (los indígenas) se iban a retirar. Me lo dijeron apus en los que confío totalmente porque conozco a algunos. El acuerdo fue levantar el bloqueo; incluso movilizaron camiones en la noche del 4 de junio.
Y cree posible el diálogo para reparar las graves heridas que siguen sangrando: Desde mi esperanza cristiana quiero creer que sí. Dios no puede permitir que todo el dolor que ha habido se quede sin más. Mi interés como obispo y el de mis colegas es buscar el modo de ayudar a tener un diálogo verdadero.
Finalmente monseñor G. de la Rasilla es contundente cuando se le dice que un sector de la propia iglesia afirma que “eso es hacer política”: No podemos meternos en cuestiones partidarias, pero sí en defender, apoyar y avisar sobre lo que puede suceder. Los derechos humanos no pueden ser ajenos a la Iglesia, lo mismo que el medio ambiente, es la obra que Dios nos dio para vivir y desarrollarnos y defenderlo no es político sino ser cristiano.
Todos tenemos que aprender la lección de Bagua, con humildad.
(José Mª Rojo García)
